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▪ Denunciaron que el
abogado José Luis
Merino «vendió» el
caso a la demandante
y posteriormente el
profesionista
autorizó el desalojo
URUAPAN, MICH.- Los
afectados directos
por la demanda de
desalojo que
interpuso Elizabeth
Martínez García en
el Juzgado Primero
de lo Civil bajo el
expediente 749/06
buscan la
intervención del
Ayuntamiento a
través del área
jurídica para
concretar un acuerdo
que les permita
conservar su
patrimonio familiar.
Uno de los afectados
es Cristino Sierra
Esquivel, el cual
cohabita con cuatro
familias conformadas
por sus hijos y sus
nietos. Pese a la
demanda de desalojo,
los afectados
argumentan que
cuentan con las
formas para
comprobar su
estancia en ese
lugar. Explicaron
que a través de su
asesor jurídico,
Ángel Alanís, fue
como se enteraron de
la intención de
desalojo, pues
mediante un
documento previo les
informaron que no
habría más avisos
porque llegarían de
sorpresa y con la
fuerza pública.
Al no estar
integrados a un
proceso de
escrituración,
buscan establecer un
acuerdo, pero la
demandante pidió un
millón 800 mil pesos
por el predio, por
lo que consideraron
no hay conciliación
entre las partes,
pues los afectados
ofrecieron cien mil
pesos.
bz. |
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